Insubsistencia de la Acci?n Penal

El presente trabajo pretende exponer y reflexionar sobre una situaci?n cr?tica, que se pone de manifiesto en el desarrollo de algunos procesos penales en Argentina, en los que el lapso de tiempo existente entre la comisi?n de los hechos y la sentencia firme, es extremadamente extenso. Este ensayo se focaliza en el problema de los procesos penales extensos como lo fueron la venta de armas argentinas a Ecuador y Croacia, la venta del predio de la Sociedad Rural, el contrato entre la Direcci?n General Impositiva y la empresa International Business Machines y otros casos, los que, como jurisprudencia, son orientadores sobre la forma existente para poner fin a este tipo de procesos penales y a reflexionar sobre el sentido de los procesos largamente extendidos en el tiempo. Se analizan los procesos penales relacionados con los hechos ocurridos en Argentina en la d?cada del setenta porque, en determinados momentos, el Estado Nacional, en uso de sus facultades punitivas, decidi? ejercer la persecuci?n penal para luego interrumpirla o suspenderla, por medio de leyes e indultos. Transcurridos 30 a?os, decidi? aplicar nuevamente el poder punitivo, en algunos casos hasta despu?s de transcurridos 48 a?os. Durante el lapso donde no se ejerci? la persecuci?n penal, las v?ctimas siguieron reclamando justicia y los imputados continuaron desarrollando sus vidas ajustados a derecho y a disposici?n de los ?rganos del Estado. Repentinamente algo vari?, pero ?qu? cambi?? Lo que mut? fue el staff del Estado en sus tres ?rganos de poder, imbuido de sus intereses e ideolog?as diferentes, generando resoluciones jur?dicas sesgadas conforme a las conveniencias pol?ticas o personales del momento. Si el Estado hubiese cumplido en tiempo y forma con su deber de persecuci?n penal, aun habiendo condenado a los imputados a las penas m?s gravosas, hoy en d?a, ?stas estar?an cumplidas y en algunos casos hasta dos veces, situaci?n que pone en crisis la instituci?n de la prescripci?n, consagrada en el art?culo 62 del C?digo Penal, en un todo de acuerdo con el art?culo 75, inciso 22 de la Constituci?n Nacional. En relaci?n a las v?ctimas, en su gran mayor?a murieron sin tener acceso a la justicia y solo fueron resarcidos econ?micamente sus derechohabientes o en algunos casos ellos mismos, a trav?s de numerosas leyes de reparaci?n. Lo cual no es suficiente. Por lo expuesto, en el presente trabajo se desarrolla la oportunidad en que ocurrieron los hechos, la insubsistencia de la acci?n penal a la luz de las dilaciones indebidas, la falta de acceso a la justicia, la ausencia de tutela legal efectiva por parte del Estado y la inexistencia de plazo razonable. Subsidiariamente se pretende analizar, la participaci?n y responsabilidad de los tres poderes del Estado, poniendo ?nfasis en la actitud de los magistrados federales. Ensayar algunas ideas de soluci?n y reflexionar sobre la relaci?n del tiempo transcurrido entre el momento en que se conocen los hechos y hasta que la sentencia condenatoria queda firme, para finalizar con algunas conclusiones personales. El ?nico responsable de esta injusticia o justicia tard?a es el Estado, quien, a trav?s de sus 3 ?rganos de poder, el Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial, en particular su Justicia Federal, con control de constitucionalidad y convencionalidad inclusive, avalaron con sus fallos, interrumpir los procesos penales y negar justicia a quienes la necesitaban y reclamaban. El responsable de esta crisis jur?dica es el propio Estado.