Sobre secretos oficiales

Cuando se pide al juez que ordene o avale la revelaci?n de un secreto, la cuesti?n principal, desde un punto de vista constitucional, es si la protecci?n de ese secreto est? protegida por la Constituci?n (intimidad, secreto sumarial, secreto de Estado, etc.) o, aun siendo leg?tima, no lo est? (reserva empresarial, secreto bancario, etc.) En este ?ltimo supuesto, el juez ha de limitarse a interpretar y aplicar la ley correspondiente. Si el secreto es constitucionalmente relevante, en cambio, no basta con la aplicaci?n judicial de la ley, sino que la operaci?n clave consistir? en determinar si hay en presencia otros valores constitucionales (libertad de informaci?n, tutela de la salud, investigaci?n de la paternidad, etc.) ante los cuales dicho secreto deba ceder; es decir, siempre dentro del respeto de la ley aplicable, habr? que proceder a una ponderaci?n de los valores constitucionales en juego; y, en este punto, es de crucial importancia subrayar que el principio de proporcionalidad, inherente a toda ponderaci?n exige minimizar el sacrificio del valor que deba ceder. Ni que decir tiene que, si la ley aplicable excluye de ra?z esa ponderaci?n entre valores constitucionales e impone la autom?tica e incondicionada prevalencia de uno sobre otro, lo m?s prudente es plantear la cuesti?n de inconstitucionalidad (art. 163 de la Constituci?n). Cuando lo que se pide al juez es, en cambio, que admita u obtenga informaci?n secreta a efectos probatorios, el problema se centra en esa faceta del derecho a la tutela judicial efectiva que consiste en utilizar «los medios de prueba pertinentes» (art. 24 de la Constituci?n). As? lo demuestran las sentencias de la Sala 3? del Tribunal Supremo de 4 de abril de 1997, relativas a los llamados «papeles del Cesid».